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El CERMI denuncia el vacío legal sobre los derechos de los discapacitados

Las personas con discapacidad tienen unos derechos fundamentales como todo ciudadano, pero a éstas hay que cuidarlas más porque son más vulnerables. Eso es algo lógico que todo el mundo entiende. No obstante, siempre viene bien crear una ley para asegurarse de que estos derechos se cumplen y por ello el 4 de diciembre del 2013 entró en vigor La Ley General de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El problema viene cuando en un plazo de dos años se tenía que haber aprobado dentro de la misma “unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación“.

Estas condiciones se tenían que haber aplicado para garantizar el acceso y utilización de bienes y servicios a todas las personas con discapacidad. No obstante, hace días que ya ha pasado el plazo y no se han aprobado. Y no ha sido por falta de recordatorios porque el CERMI, que ha sido la entidad que ha denunciado este problema, ha advertido un millón de veces al Gobierno a través del Ministerio de Sanidad para que aprobase dichas condiciones. “Ha pasado el plazo máximo sin que el Gobierno haya aprobado esta norma tan esencial para el sector de la discapacidad, dejando un vacío legal que deja en una situación de desprotección total a todo aquel que padece algún tipo de minusvalía, ya que no tienen acceso a servicios que se hallan a disposición del público.

Ley General de Personas con Discapacidad

Derechos personas con discapacidad

Ante este enfado el CERMI ha pedido al Defensor del Pueblo que investigue el porqué de esta dejadez por parte del Gobierno y ha pedido al Congreso de los Diputados, mediante la Comisión de Peticiones, que se tramite la denuncia al Parlamento. Todo lo que sea necesario para solucionar este problema. Y es que parece increíble que hayan pasado dos años y no hayan hecho esfuerzo por aprobar la normativa.

COCEMFE recuerda los derechos de las personas con discapacidad de cara al 20-D

Queda poco menos de un mes para las elecciones generales del 20 de diciembre y por lo general, en las semanas previas a ellas, entidades de referencia que representan a personas con discapacidad suelen publicar un comunicado en el que se recuerda que la población con limitaciones tiene el mismo derecho que el resto de la ciudadanía a votar en igualdad de condiciones y los derechos que deben cumplir los futuros gobiernos. Así, ésta vez ha sido COCEMFE (La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), la que ha elaborado un documento recogiendo esto mismo.

En su texto se reflejan y se recuerdan los derechos que tienen las personas con discapacidad a una integración laboral y educativa, a la accesibilidad universal y a la mejora de la atención sanitaria. Cuestiones que están recogidas dentro de las normas vigentes que afectan a la discapacidad, entre las que se incluyen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cocemfe

Cocemfe, propuestas para el 20-D

Asimismo piden que se reforme la Constitución para que los derechos sociales, económicos y culturales sean considerados fundamentales, y de este modo asegurar la inclusión de los ciudadanos discapacitados y su autonomía. Para ello afirma que en la próxima legislatura se debe aumentar hasta en un 50% la tasa de actividad entre los discapacitados, modificar la ley orgánica para garantizar una buena educación y establecer un sistema sanitario justo y de calidad. Además, también demanda que se establezca un consenso entre todas las comunidades sobre cuestiones de dependencia y autonomía.

Y es que nunca está demás recordar al Gobierno cuáles son sus deberes con respecto a la población con discapacidad. No obstante, esto es solo un fragmento del documento, el cual se puede ver entero en la web de COCEMFE.

El Senado aprueba destinar un 2% de los puestos de trabajo a personas discapacitadas

Ayer el Senado aprobó dos propuestas de ley para fomentar la inclusión laboral de personas que sufran algún tipo de discapacidad física, mental o motora, ya bien sea temporal o permamente. Una de las propuestas procede del Senado mismo pero la otra de la Cámara de los Diputados.

El Proyecto de Ley consiste en que, en primer lugar, se añada la discapacidad como causa de una posible discriminación laboral, motivo por el cual debe haber una especial protección hacia este colectivo. En segundo lugar, quieren que tanto en el sector privado como en el público se destine un 2% de los puestos de trabajo a personas con limitaciones de este tipo, reservando precisamente en todas las empresas ese porcentaje de vacantes para ellos.

Asimismo, pretenden que en las licitaciones de la Administración del Estado, tengan prioridad los reclutadores que se encarguen de contratar a personas con alguna discapacidad. Además, desearían que de estos procesos de reclutamiento se excluyesen aquellos departamentos de Recursos Humanos o aquellas empresas que hayan sido condenadas por haber cometido algún tipo de acción discriminatoria contra discapacitados.

Todo hay que decir que en realidad la idea de destinar el 2% de los puestos del sector privado y público a trabajos para individuos con movilidad reducida o problemas intelectuales, se aplicaría a aquellas compañías que tengan al menos 50 empleados. Si se diese el caso de que no contasen con al menos esa cifra de personas trabajando en ella, como es lógico, el porcentaje tendría que ser inferior.

Estas dos propuestas han sido aprobadas pero hasta el 11 de mayo será posible enviar indicaciones al respecto para incluirlas como ley. Unas medidas que supondrán un gran avance en la inclusión laboral, puesto que ya estamos viendo que las compañías se están tomando cada vez más en serio el reclutamiento de personas discapacitadas.

El CERMI pide a Europa que abarate la luz a las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el conocido CERMI, se ha dirigido a la Comunidad Europea para demandar que se modifique la vigente ley europea del mercado interno eléctrico con el fin de dar más apoyo a las personas con movilidad reducida.

La clave se halla en que la actual normativa aprobada en 2009 tiene un apartado dedicado a los consumidores vulnerables, es decir, a aquellas personas que por determinadas circunstancias tengan que hacer un mayor uso de la electricidad. Razón por la cual la ley indica que pueden pagar menos por el consumo de luz. En este sentido el CERMI quiere que se explique bien cuáles son los consumidores vulnerables y que se defina expresamente que las personas con discapacidad forman parte de ese colectivo.

Tarifa de la luz

Tarifa de la luz

Así, el CERMI pide que se mencionen “expresamente” a las personas con discapacidad y a los espacios de convivencia donde se integran como consumidores eléctricos vulnerables. Asimismo, defiende que los afectados con algún tipo de limitación física tienen que estar protegidos porque no solo se ayudan de aparatos que requieren el uso de electricidad, sino que además deben permanecer en el hogar mucho más tiempo que cualquier otra persona, por lo que el consumo de luz en sus casas se dispara. Además, indica que suele ser un colectivo con menor renta económica cuyas medicinas y ayudas técnicas conllevan mucho gasto económico. Una problemática que lógicamente también afecta a los familiares y a las personas profesionales que se encargan de sus cuidados.

Para hacer llegar esta queja la asociación se ha dirigido al comisario de Cambio Climático y Energía de España en Bruselas, Miguel Arias Cañete. La modificación de esta ley sería un buen regalo de reyes para ellos, sobre todo ahora que casi todas las novedades ortopédicas funcionan con energía eléctrica. ¿Les harán caso?

El CERMI pide al tribunal valenciano que elimine el copago de tasas en la Ley de Acompañamiento

La Generalitat de Valencia ha aprobado la llamada Ley de Acompañamiento por la que se introduce el sistema de copago por tasas en la labor de los cuidadores de personas mayores o discapacitadas dependientes. Una medida que ha sido rechazada por casi todos los partidos políticos por “amoral” y por supuesto por el propio Luis Cayo, el presidente del CERMI (Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad), del que tantas veces hemos hablado en Movernos.

El pago que recibían los cuidadores hasta ahora se basaba en un pago público y con esta ley va a funcionar mediante tasas que variarán en función del coste del servicio y de la capacidad adquisitiva de la persona que deba pagar. Una tasa que entrará en vigor a partir del uno de enero. No obstante, al tratarse de una decisión llevada a cabo por un organismo autónomo, una asociación como el CERMI no tiene competencias para recurrirla, por lo que Cayo ha pedido a los grupos políticos de Las Cortes de Valencia que recurran la ley ante el Tribunal Constitucional para que la declare inconstitucional.

La Ley de Acompañamiento entre en vigor el 1 de enero

La Ley de Acompañamiento entre en vigor el 1 de enero

El presidente del CERMI asegura que si no se consigue echar para atrás esta normativa, “van a ser las navidades más agrias de las personas con discapacidad del territorio valenciano por culpa del amargo copago”. Y es más, ha criticado que el Tribunal Supremo haya anulado la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha fallado en contra del establecimiento de unos precios fijos públicos para el copago, añadiendo que si los criterios del tribunal valenciano se mantienen, habrá “una revolución positiva para el copago en toda España”.

Aunque claro, el mismo Cayo reconoce que aunque consigan ese apoyo que demandan, no se podría hacer justicia hasta dentro de dos o tres años, así que son malas noticias para el sector que hace todo lo posible por ayudar a las personas con discapacidad.

El Gobierno unifica las tarjetas de estacionamientos para personas discapacitadas

El CERMI (Comité Español Representante de Personas con Discapacidad en España) llevaba un tiempo pidiéndolo y por fin el Gobierno de España se ha puesto las pilas. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el cual no solo se agiliza la emisión de tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas, sino que además, las unifica para todas las Comunidades Autónomas.

Hasta ahora el proceso de solicitud era muy lento y en muchas ocasiones las personas con movilidad reducida que se desplazaban a otras provincias se encontraban con la imposibilidad de utilizar su tarjeta para estacionar su vehículo en espacios reservados para ellos. Ahora, según explica la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, por razones humanitarias, porque ellos “lo necesitan”, se agiliza el proceso para poder hacer uso de las tarjetas y éstas se unifican para que en todo el país sea usada la misma y así evitar problemas.

Tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas

Tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas

El decreto también incluye la posibilidad de que los vehículos que transporten a colectivos de personas discapacitadas puedan asimismo aprovecharse de las ventajas de la tarjeta siempre y cuando se demuestre que realizan un labor social en el marco de la Ley de Dependencia. Por otro lado apunta a que los centros sanitarios y otras instituciones similares deben tener un mínimo de plazas reservadas para los vehículos de personas con movilidad reducida.

“Se trata de una respuesta a una reclamación histórica del CERMI que había denunciado numerosas disfunciones en el uso de la tarjeta de estacionamiento, hasta el punto de que algunas no eran reconocidas en otras áreas fuera de la región de cada uno”, defiende Santamaría, quien asegura que “pretendemos garantizar la igualdad en todo el territorio para las personas con discapacidad y movilidad reducida, que podrán estacionar sus vehículos en todos los estacionamientos reservados de toda España”.