El sector público tendrá que reservar un mínimo de puestos para personas discapacitadas

La Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos tienen que promover la inclusión laboral de personas discapacitadas y para ello tienen que reservar un mínimo de plazas de empleo en el sector público para ellos. Dicha normativa la impone la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual actualiza la misma para fomentar el autoempleo y la creación de puestos de trabajo para familias en riesgo de exclusión social.

Dicha promoción laboral ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y ahora tiene que pasar por el Senado. Una decisión clave porque hasta ahora sí que se contemplaba dicha medida en la normativa pero no tenia carácter obligatorio, sino que dependía de cada órgano contratante. Ahora en cambio sí que va a ser obligatorio contar con un número mínimo de puestos de trabajo reservados para trabajadores con discapacidad.

Inserción laboral, discapacidad
Inserción laboral, discapacidad

Eso sí, serán los órganos de Gobierno de cada Comunidad Autónoma y el Consejo de Ministros los que decidirán el número exacto de puestos que se destinan al sector más vulnerable, ya que una vez reservado el porcentaje mínimo, cada institución es libre de aumentarlo o no. Al fin y al cabo cada comunidad tiene un presupuesto diferente y unas comunidades se podrán permitir este gasto más cómodamente y otras no.

Ante esta noticia el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) se ha mostrado muy contento porque se “refuerza la dimensión social de la contratación pública” y “espera que se avance más en esta dirección”, aunque aún quede mucho por hacer. No obstante, todas estas medidas deben ser aplicadas antes del año 2016 por órdenes de la Unión Europea.

También hay que tener en cuenta que para que se fomente este tipo de contratación las empresas deben ser accesibles y por tanto tener en mente que será necesario proporcionar ayudas técnicas.